El Tribunal Supremo ha dictado un fallo que ratifica la legalidad del parque eólico Campelo, desarrollado por la compañía Greenalia, anulando de este modo una decisión anterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Este veredicto representa un cambio relevante en el procedimiento judicial, al rechazar que la autorización administrativa otorgada para dicho proyecto fuera ilegal.
El caso generó controversia cuando el TSXG anuló la autorización del parque eólico, argumentando que el proyecto se había fragmentado para esquivar una evaluación ambiental más rigurosa. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su dictamen, señala que el compartir infraestructuras de conexión entre diversas instalaciones eólicas no significa automáticamente que deban evaluarse como un único proyecto desde el punto de vista ambiental. Según el alto tribunal, la decisión debe basarse en las circunstancias particulares de cada situación y estar sustentada en la normativa y jurisprudencia relevantes.
La sentencia concluye que la decisión del TSXG «se desvía de la doctrina jurisprudencial» y no se alinea con el marco legal actual, razón por la cual ha sido anulada. Así, la autorización administrativa concedida para el parque eólico de Campelo es confirmada, representando un respaldo para el avance de este proyecto en Galicia.
Respuestas ante el fallo
La Consellería de Medio Ambiente ha mostrado su conformidad con este dictamen judicial, afirmando que demuestra que la gestión ambiental llevada a cabo por el Gobierno gallego fue legal. Además, la Consellería subraya que no es la primera ocasión en que los tribunales apoyan la legalidad de su proceso ambiental, pues varias sentencias dictadas entre finales de 2023 y principios de 2024 han confirmado procedimientos análogos.
La Consellería de Medio Ambiente ha expresado su satisfacción por esta decisión judicial, argumentando que confirma que la tramitación ambiental realizada por el Gobierno gallego fue conforme a derecho. Además, la Consellería recuerda que no es la primera vez que los tribunales respaldan la legalidad de su tramitación ambiental, ya que varias sentencias emitidas entre finales de 2023 y principios de 2024 también han validado procedimientos similares.
Por otro lado, la patronal eólica gallega (EGA) ha recibido la sentencia con cautela. Aunque reconocen que se trata de un paso adelante en los litigios que afectan al sector, advierten que aún queda pendiente la resolución de una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según EGA, es fundamental que se establezca una mayor certeza y seguridad jurídica para garantizar el desarrollo del sector eólico, ya que actualmente existen más de un centenar de parques eólicos en Galicia que se encuentran en procesos judiciales o suspendidos cautelarmente.
Un paso adelante para el sector eólico
No obstante, los desafíos legales y administrativos siguen siendo un impedimento significativo para el progreso del sector. Las solicitudes de mayor certeza jurídica por parte de los actores involucrados evidencian la necesidad de un marco normativo más preciso que facilite los procedimientos y prevenga largos litigios que demoren el avance de proyectos estratégicos para la zona.
Sin embargo, los desafíos legales y administrativos continúan siendo un obstáculo importante para el avance del sector. Las demandas de mayor seguridad jurídica por parte de los actores involucrados reflejan la necesidad de un marco normativo más claro que permita agilizar los procedimientos y evitar largos procesos judiciales que retrasen el desarrollo de proyectos estratégicos para la región.
En este contexto, el fallo del Tribunal Supremo establece un precedente importante para futuros litigios relacionados con autorizaciones de parques eólicos y la interpretación de las normativas ambientales. Aunque la última palabra podría recaer en el TJUE, esta sentencia refuerza la posición del sector eólico en Galicia y contribuye a dar un impulso necesario a la transición energética en la región.
