Mientras Panamá entra en su estridente período de Carnaval, las celebraciones de este fin de semana tienen lugar en medio de un extraño drama político que se desarrolla en la capital.
Un expresidente, que también es uno de los principales candidatos en las elecciones presidenciales de mayo de este año, se ha refugiado en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, acompañado de sus muebles, entre ellos un sofá y un escritorio, así como de su perro Bruno.
Ricardo Martinelli, un empresario conservador de 71 años que dirigió Panamá de 2009 a 2014, recibió asilo de Nicaragua esta semana después de que la Corte Suprema de Panamá rechazó su apelación de una condena por lavado de dinero que conllevaba una sentencia de 10 años de prisión.
Martinelli, que ha enfrentado otras investigaciones penales, afirma no sólo que el caso tiene motivaciones políticas sino también que el presidente y el vicepresidente de Panamá quieren matarlo.
En lugar de ir a prisión, dijo que planea continuar su campaña presidencial desde el patio de la embajada, a pesar de que la Constitución de Panamá prohíbe gobernar el país a cualquier persona sentenciada a cinco años o más por cometer intencionalmente un delito.
«Habría que ser muy cobarde para descalificar a un candidato presidencial que ocupa el primer lugar en las encuestas», dijo en un comunicado publicado el miércoles en X, la plataforma de redes sociales. Y añadió: «Esto es un ataque a la democracia».
Algunas encuestas muestran que Martinelli es el favorito. El tribunal electoral dio a entender claramente que quedaría descalificado para votar en las próximas elecciones.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá dijo el viernes por la tarde que no aceptaría la solicitud de Nicaragua de permitir el paso seguro de Martinelli a su país, citando un artículo de un acuerdo internacional sobre asilo político, ratificado por Nicaragua y Panamá, según el cual los países no pueden otorgar asilo a personas que han sido “debidamente procesadas” por delitos comunes.
La Cancillería de Nicaragua respondió entonces a la negativa de Panamá afirmando que el asilo político debe ser respetado como un derecho humanitario.
El portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, dijo que la decisión de Panamá sobre el paso seguro no fue una sorpresa “porque esto no es una democracia. Este es un estado de derecho salvaje».
Fernando Gómez-Arbeláez, un abogado panameño especializado en derecho internacional, dijo que permitir que Martinelli huya del país sería una vergüenza nacional.
“El gobierno de Panamá es consciente de que dejar que Martinelli salga del país de esta manera sería una burla de proporciones gigantescas para el sistema de justicia panameño”, dijo Gómez-Arbeláez.
Hasta el viernes por la tarde no quedó claro si las autoridades de Panamá habían emitido una orden de arresto contra Martinelli.
Martinelli fue condenado en julio pasado en un caso en el que los fiscales dijeron que se obtuvieron fondos de contratistas gubernamentales para la compra en 2010 de una editorial. Además de la pena de prisión, recibió una multa de 19 millones de dólares.
El expresidente ha negado haber actuado mal.
Varios días después de que la Corte Suprema rechazara su apelación, Martinelli presentó una denuncia penal ante la Asamblea Nacional de Panamá, acusando al presidente y al vicepresidente de Panamá de intento de asesinato. La denuncia alegaba que una persona cercana a la oficina del presidente había advertido sobre un complot para matar al Sr. Martinelli para impedirle convertirse en presidente.
El actual presidente, Laurentino Cortizo, ha negado la acusación.
Mientras los titulares nacionales se centraban en la situación de Martinelli, las calles de la ciudad de Panamá estaban congestionadas el viernes con gente corriendo para hacer sus compras antes del inicio del Carnaval, una festividad que se celebra cuatro días antes del Miércoles de Ceniza y que incluye desfiles y bailes en las calles. por la noche.
Algunos dijeron que apoyaban a Martinelli, señalando cómo dirigió el país durante un período de fuerte crecimiento económico, acompañado de una ampliación multimillonaria del Canal de Panamá.
En la estación de autobuses, Tais Saldaña, una estudiante de logopedia de 23 años, dijo que planeaba votar por Martinelli y que si no fuera por las celebraciones, la gente habría salido a protestar para apoyarlo.
“La política es sucia”, dijo Saldaña. «El hecho de que esté inhabilitado le quita al panameño la posibilidad de elegir libremente, de apoyar a un candidato que por su experiencia o por lo que ha hecho en años anteriores es el favorito de los panameños».
A la entrada del Canal de Panamá, Joel Alvarado, un conductor de 28 años, dijo que no creía que Martinelli fuera víctima de persecución política. «Ha hecho cosas buenas, es verdad, pero eso no justifica que nos roben; que trabajemos todos los días y nos roben los impuestos no está bien”, afirmó.
Aunque Nicaragua está gobernada por un gobierno de izquierda, el conservador Martinelli dijo en una entrevista con CNN hace unos días que sentía «una gran simpatía y aprecio por Nicaragua».
Nicaragua se ha vuelto cada vez más autoritaria y sus funcionarios se han enfrentado a sanciones de Estados Unidos por despojar a los disidentes políticos de su ciudadanía. El país también se apoderó de las propiedades de sus críticos.
Pero Nicaragua tiene un historial de brindar refugio seguro a políticos bajo investigación criminal, dijo Manuel Orozco, director del programa de migración, remesas y desarrollo del Diálogo Interamericano, un grupo de expertos de Washington.
En la última década, por ejemplo, Nicaragua ha otorgado refugio a dos ex presidentes de El Salvador.
Martinelli se ha enfrentado a investigaciones penales anteriores. En 2021 fue absuelto de escuchas telefónicas a opositores y periodistas. También ha estado implicado en una demanda pendiente relacionada con un escándalo de corrupción multinacional que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.
Cuando se le preguntó sobre la situación en Panamá, el Departamento de Estado dijo que anteriormente había prohibido a Martinelli ingresar a Estados Unidos por aceptar sobornos a cambio de otorgar contratos gubernamentales mientras era presidente.
“Estados Unidos y Panamá promueven valores democráticos compartidos de responsabilidad, estado de derecho y transparencia”, dijo en un comunicado.
Mary Triny Zea contribuyó con el reportaje desde la ciudad de Panamá.