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Cómo gestionar los ingresos energéticos en Guyana con transparencia y visión a largo plazo

Guyana: cómo gestionar ingresos energéticos con transparencia y largo plazo

Guyana: marco y desafío de los ingresos energéticos

Desde el descubrimiento de importantes yacimientos offshore a partir de 2015 y el inicio de la producción comercial (Liza Phase 1) a fines de 2019, Guyana experimentó un cambio estructural en su economía. Estimaciones de la industria y análisis públicos entre 2019 y 2023 señalaron recursos recuperables que superan varias miles de millones de barriles equivalentes, con expectativas de ingresos fiscales que podrían ascender a miles de millones de dólares en años pico. Ese recurso ofrece oportunidades únicas para desarrollo, pero también riesgos elevados: volatilidad de precios, “maldición de los recursos”, presión sobre la gobernanza y tensiones sociales y ambientales.

Principales peligros que Guyana necesita gestionar

  • Volatilidad fiscal: la oscilación de precios y de la producción genera entradas de dinero imprevisibles.
  • Enfermedad holandesa (Dutch disease): revalorización real de la divisa y merma competitiva en áreas ajenas al petróleo.
  • Corrupción y captura del Estado: licitaciones opacas, contrataciones públicas sin libre concurrencia y desvío de fondos.
  • Dependencia económica: elevados gastos recurrentes sustentados mediante ganancias petroleras que son agotables.
  • Riesgos ambientales y sociales: consecuencias adversas sobre pueblos originarios, diversidad biológica y la pesca.
  • Riesgos geopolíticos y legales: conflictos limítrofes o litigios que perjudican la disponibilidad y el flujo de capitales.

Elementos institucionales ya existentes y lecciones iniciales

  • Guyana aprobó una normativa para un fondo de recursos naturales (Natural Resource Fund) y políticas de contenido local, pasos necesarios pero no suficientes.
  • La experiencia internacional muestra que la sola existencia de un fondo no garantiza buenos resultados: la calidad de la ley, la independencia, la transparencia y la regla fiscal determinan el éxito.

Buenas prácticas internacionales aplicables

  • Noruega: ejemplo paradigmático de fondo soberano dotado de una directriz de gasto fundamentada en la renta permanente; destaca por su transparencia informativa, fiscalizaciones autónomas y una cartera de inversión diversificada. Este país nórdico limita sus desembolsos anuales al rendimiento real previsto del fondo —situado en torno al 3%—, salvaguardando así el patrimonio para la posteridad.
  • Chile: mecanismo fiscal de carácter estructural que aísla el gasto público de las fluctuaciones en la cotización del cobre, administrado a través de reservas y mecanismos de amortiguación macroeconómica.
  • Botswana: caso de conversión de las rentas procedentes del diamante en gasto de capital y ahorro, aportando valiosas enseñanzas sobre la urgencia de diversificar la economía y mantener instituciones sólidas.
  • Experiencias negativas: naciones como Nigeria y Venezuela evidencian el impacto adverso de la falta de transparencia, la dependencia tributaria excesiva y la fragilidad institucional.

Diseño recomendado del marco fiscal y del fondo

  • Separación de cuentas: diferenciar los fondos destinados a la estabilización (de corto plazo), al ahorro intergeneracional (de largo plazo) y a iniciativas prioritarias (inversión capitalizable).
  • Regla fiscal clara: implementar una directriz que ponga freno al gasto corriente sustentado en recursos petroleros. Existen dos caminos viables:
  • Modelo fundamentado en la renta permanente (estimar la riqueza petrolera actual utilizando proyecciones conservadoras de precios y costes, limitando el gasto al rendimiento real estimado, por ejemplo, un 3% anual).
  • Mecanismo de balance estructural no petrolero (fijar un tope al déficit estructural que descarte entradas volátiles).
  • Depósitos automáticos: canalizar una porción establecida de regalías e impuestos directamente al fondo, evitando la intervención discrecional del Ejecutivo.
  • Reglas de retiro: establecer techos anuales claros; contemplar excepciones ante situaciones imprevistas (emergencias, crisis económicas) mediante parámetros estrictos y validación legislativa.
  • Política de inversión: definir un mandato claro, acotar los riesgos, diversificar tanto geográficamente como en clases de activos, y vetar colocaciones que presenten conflictos de interés.
  • Auditoría e independencia: someter las finanzas a revisiones externas constantes, conformar un comité de inversión autónomo y garantizar un control parlamentario riguroso.

Transparencia y gobernanza

  • Publicación de contratos y pagos: difundir convenios, obligaciones fiscales, pactos de regalías y convenios de producción.
  • Adhesión a estándares: cumplir e implementar las directrices de la Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) además de las normativas de fondos soberanos (Santiago Principles o equivalentes en español).
  • Registro de beneficiarios finales: obligatorio, abierto y comprobable con el fin de prevenir la cooptación por parte de intereses privados.
  • Portal de datos fiscales: información en directo acerca de entradas, giros y estado del fondo, mediante un vocabulario comprensible para la población.
  • Mecanismos de participación: diálogo con poblaciones impactadas, líderes regionales y organizaciones sociales durante las etapas de planificación y control.

Políticas macroeconómicas y mitigación de enfermedades holandesas

  • Tipo de cambio flexible y acumulación de reservas: evitar apreciaciones sostenidas; usar el fondo para absorber flujos temporales.
  • Sterilización y emisiones de deuda: emitir deuda en moneda local para retirar exceso de liquidez pasajera y desarrollar mercado financiero doméstico.
  • Política industrial proactiva: programas de apoyo, subsidios temporales y capacitación para sectores no petroleros (agricultura, manufactura, turismo) para diversificar la economía.
  • Inversión en capital humano e infraestructura: priorizar educación, salud, agua, energía renovable y transporte que aumenten productividad y sostenibilidad.

Medidas sociales y ambientales

  • Protección de comunidades indígenas: consulta previa, acuerdos de beneficio y medidas de compensación claras; registro y seguimiento de impactos.
  • Financiamiento climático: asignar parte de los recursos a mitigación y adaptación al cambio climático y a transición energética (energía limpia, eficiencia).
  • Evaluaciones de impacto: exámenes ambientales y sociales integrales antes de aprobar grandes proyectos y publicación de resultados.

Plan de acción: etapas prácticas

  • Reforzar la Ley del Fondo de Recursos Naturales con cláusulas sobre gobernanza, transparencia y requisitos de auditoría externa.
  • Establecer una regla fiscal explícita aprobada por mayoría legislativa y acompañada de metodología clara para medir la riqueza permanente.
  • Crear un comité independiente compuesto por economistas, representantes de la sociedad civil, sector privado y academia para supervisar la política de inversiones.
  • Implementar un portal único de datos fiscales y extractivos con actualizaciones trimestrales y formatos amigables para público general.
  • Fomentar asistencia técnica multilateral (FMI, Banco Mundial, EITI) para calibrar reglas y fortalecer capacidades locales.
  • Planificar un cronograma de inversión por fases (corto, mediano, largo plazo) con metas medibles y evaluaciones independientes.

Ejemplo numérico ilustrativo

  • Imaginemos que el patrimonio total llega a los 10.000 millones USD. Aplicando una tasa de retiro anual del 3% (rendimiento real proyectado), se dispondría de 300 millones USD destinados al gasto estructural sin comprometer el capital principal. Dicho monto guía la selección de prioridades —como sanidad, enseñanza y obras con rentabilidad financiera duradera— en detrimento del gasto corriente improductivo.
  • Cuando las percepciones por hidrocarburos descienden temporalmente debido a las cotizaciones del mercado, la sección orientada a la liquidez inmediata dentro del mecanismo financiero lograría mitigar parcialmente el bache, previniendo así recortes presupuestarios drásticos.

Riesgos de implementación y cómo mitigarlos

  • Captura política: reducir riesgos mediante mandatos constitucionales o normativas de quórum calificado enfocadas en reformas fiscales y extracciones extraordinarias.
  • Capacidad técnica limitada: apostar por la capacitación anticipada del personal, la contratación externa transitoria y la ayuda mutua internacional.
  • Presión social por gasto inmediato: formular iniciativas sectorizadas junto a mecanismos claros que expongan ventajas a largo plazo; asimismo, autorizar apoyos económicos transitorios y regulados bajo pautas estrictas.

Monitoreo y responsabilidad

  • Informes trimestrales públicos y auditoría anual por oficina de auditoría independiente.
  • Indicadores de desempeño público: empleo formal, diversificación del PIB, inversión en capital humano, niveles de pobreza y desigualdad.
  • Evaluaciones de impacto a 3 y 5 años sobre efectividad
Por Oscel Merlo